La progresiva desaparición del amparo constitucional

15/6/2014
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Miguel Guerra Pérez

Abogado. Director de Sepin Proceso Civil

En otros post ya he tenido ocasión de denunciar como las tasas han supuesto una disminución importantísima en los recursos de apelación civil y como ya dije entonces ¿Qué esta pasando con la justicia española? ¿por qué no defendemos a ultranza los recursos como medio imprescindible para una justicia de calidad?

Pues bien leyendo la Nota informativa 44/2014 hecha pública el 28 de mayo de 2014 por el Gabinete de Prensa del Tribunal Constitucional correspondiente a la Memoria del Tribunal del año 2013 no puedo menos que escandalizarme por la evolución de los Recursos de Amparo.

Veamos algunos datos y conclusiones que recoge el propio Informe:

- En primer lugar, menos asuntos totales resueltos. De las 16.022 Resoluciones dictadas en el año 2009 se aprecia una constante disminución de las mismas a 10.546 (año 2010) 6.931 (año 2011) 8.041 (año 2012) a finalmente 6.665 en el año 2013. Por lo tanto aunque sea simplista no ofrece dudas que al menos cuantitativamente el TC cada vez resuelven menos asuntos.

- En segundo lugar, un aumento de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y disminución de los amparos. Como señala el propio Informe es significativo el incremento de los recursos de inconstitucionalidad, que en 2013 se duplicaron con respecto al año anterior. pasando de 38 a 76, así como el de las cuestiones de inconstitucionalidad, que casi se han triplicado al pasar de 42 en 2012 a 106 en 2013. El informe señala que la consecuencia de estos datos es la sobrecarga del trabajo del Pleno al ser el órgano competente para resolverlo.

- En tercer lugar, y me permito calificarlo así, el escalofriante número de inadmisión de los recursos de amparo.

El estudio de estos datos me ha llevado a escribir este post.

Después de indicar en el Informe que la gran mayoría de recursos ante el Alto Tribunal son recursos de amparo que se cifra en el 97,39 por ciento total de los asuntos ingresados se indica que en el 97,73 por ciento de los casos se inadmitieron los recursos.

Este último dato es ya de por sí revelador y debería inducir a reflexión, estadísticamente inadmitir más de un 97% de los casos revela ya per se que estamos antes un sistema ineficaz.

Y desde luego es un sistema caro y costoso porque lamentablemente las ya conocidas “escuetas providencias de inadmisión” de dos líneas están en la mayoría de los casos absolutamente desprovistas de motivación, algo por otro lado inexigible por propia definición a la providencia.

La discusión acerca de la inidoneidad de la providencia como resolución para inadmitir recursos se hizo ya en su momento y es un tema muy manido. Porque desde luego inadmitir una demanda u otro tipo de recurso por medio de providencia en lugar de por medio de Auto estaría vedado (en el orden civil o en otros órdenes jurisdiccionales) se ve como un disparate jurídico y sería objeto de durísimas críticas. Lo cierto es que en el amparo así se reguló como opción legal que el legislador escogió precisamente para el órgano que debe velar porque las resoluciones de otros Tribunales estén motivadas y no produzcan indefensión, lo que no cuenta para el Tribunal Constitucional.

Por otro lado imaginamos llevan mucho trabajo de estudio del recurso de amparo presentado a los Letrados para finalizar inadmitiendo por unas razones que nunca se comunican al justiciable y que se resumen lamentablemente en expresiones como la “falta de trascendencia constitucional”. La sensación del justiciable de desazón es clara, es un Tribunal que no se resuelve nada y que se quita el asunto de encima de un plumazo con dos líneas de providencia. No nos engañemos es así.

Los datos lo corroboran de las 177 Sentencias de amparo del año 2009 se han pasado a 87 en el año 2013 y las providencias de inadmisión alcanzan la friolera cifra de 5.342 sobre un total de 6012 recursos de amparo.

Cuando estudie en segundo de carrera la diferencia entre Constitución formal y material me quedó claro que los derechos no basta con proclamarlos, hay que garantizarlos y si no, comprobemos muchas Constituciones de nuestro entorno donde se proclaman miles de derechos desprovistos luego de garantías y que se convierten en simples proclamas.

Yo me pregunto:

¿Es tanta la ignorancia de los Letrados cuando planteamos nuestros recursos de amparo?

¿No hemos entendido el alcance del amparo tras la Reforma de la LOTC por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo y los criterios los criterios hermenéuticos establecidos por el art. 50.1.b) LOTC que ya arrancaron de STC 155/2009, de 25 de junio (RTC 2009, 155), para determinar la especial trascendencia constitucional?

Los datos demuestran que han disminuido de forma brutal los amparos que han pasado de 15.693 asuntos (año 2009) a 6.012 (año 2013) de los cuales se han inadmitido casi 5.900 en el último año lo que demuestra la inoperatividad del amparo constitucional, piedra angular para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estamos ante un Recurso de facto inexistente pese a todas las previsiones que pueda hacer nuestra Carta Magna respecto del Alto Tribunal como garante de los derechos fundamentales y Libertades públicas.

Parece ser que finalmente el TC se va a convertir en un Tribunal para resolver conflictos de Leyes y su papel de garante de derechos fundamentales se ha diluido como un terrón de azúcar.

Pues bien, si esa va a ser la función única y primordial del TC lo cual por otro lado no me extraña dada la profusión legislativa autonómica y el caos de legislaciones que tenemos en nuestro país, si eso atribuye suficiente carga de trabajo para hacer que pase a un segundo plano el amparo y hay que reducir a toda costa su admisión. ¿No cobra entonces fuerza los que sostienen que este Tribunal se convierta en un Tribunal de control de Leyes y reconducir las vulneraciones de derechos fundamentales a una Sala Especial del Tribunal Supremo?

Afortunadamente nuestros Jueces de a pie, en su mayoría, siguen preocupándose por intentar garantizar nuestros derechos fundamentales, aunque pongo de relieve que no ha sido un acierto el intento de desplazar esa labor a las instancias como fue la ampliación de los motivos de nulidad de actuaciones a la vulneración de los derechos fundamentales mediante la Reforma del art. 241 de la LOPJ que ha pasado lamentablemente desapercibido.

Por otro lado, me consta que ante la falta de respuesta del Alto Tribunal se está forzando acudir a instancias supranacionales. Nunca habían tenido un papel tan importante Tribunales Europeos e Internacionales, y esto no ha hecho más que empezar. Los ciudadanos están pidiendo en Europa y en otros Tribunales fuera de nuestras fronteras la justicia que nuestro sistema no les da y no olvidemos que estamos antes derechos básicos.

Porque seamos claros los números hablan y el TC nos da con la puerta en las narices cada vez que acudimos al amparo y no nos engañemos los derechos fundamentales son la piedra básica de nuestra sociedad.

Repetiré una y mil veces mi modesta opinión: disminuir la litigiosidad restringiendo o encareciendo el acceso o con una inadmisión generalizadas de las instancias superiores no es la solución, perdemos todos.